Partidocracia ¿para qué? (Segunda Parte)

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Para un mal gobierno, el interés particular (el negocio) tiene preferencia sobre el interés público; y la ley es un estorbo para sus inconfesables propósitos. Dado que los partidos políticos son realmente negocios privados, esto explica todas esas cosas raras e ilegales que hacen los partidos para mantenerse en el poder a como dé lugar. El malgasto de los recursos municipales ocasiona que el dinero no se utilice donde se debería: en obras y programas de interés público. La ley y los reglamentos son letra muerta para un mal gobierno.

Por Alberto Pérez García

Ya en la primera parte, publicada la semana pasada, comenté que las plataformas políticas, o sea, la declaración de principios ideológicos de todos los partidos políticos son excelentes; no tiene defecto alguno. Pero una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa muy diferente es lo que hacen realmente.

Entender a los partidos como lo que son en realidad, o sea, como negocios privados, explica todas esas cosas raras e ilegales que hacen para mantenerse en el poder a como dé lugar. Y ya en el gobierno, el celo de negocio lleva a los partidos a resistirse a la transparencia e informar de sus acciones, a admitir aviadores y gente innecesaria en la nómina para pagar compromisos de campaña, a realizar obras de poca calidad y cobrarlas como si fueran de lujo, a cobrar obras inexistentes, etcétera.

Entonces, es el interés privado lo que en verdad mueve a un mal gobierno. El interés público ya no es lo que se busca o queda relegado a un segundo o tercer plano. La siguiente semana escribiré más acerca de cómo identificar a tiempo las señales de un mal gobierno. En esta ocasión conviene decir algo sobre lo que significa realmente eso que llamamos “INTERÉS PÚBLICO”.

Pensándolo bien, no es tan difícil explicar lo que significa la frase: “interés público”. Por interés estoy hablando de lo que a un gobierno le interesa. Si al gobierno le interesa el mayor beneficio para la población en general, entonces su interés es público y su calificación será buena, o sea, un buen gobierno.

Cosa contraria ocurre actualmente, pues el gobierno del presidente Felipe de Jesús Jiménez Bernal ha demostrado que su interés es más bien para el beneficio privado. Tener gente en la nómina que realmente no trabaja (aviadores) nomás por compromisos de campaña, no es del interés público. Hacer obras de mala calidad, como la pavimentación de un tramo del camino a Los Sauces, no es del interés público. Pedir prestado para completar las nóminas de cada quincena, no es del interés público. Que la policía ande depredando a la ciudadanía en lugar de protegerla definitivamente no es del interés público.

En la encuesta que realicé en la ciudad de Tequila del 1 al 5 de agosto, a penas el 9 por ciento de los tequilenses considera que el gobierno de Felipe ha sido bueno. Dos por ciento dice que ha sido excelente. En cambio, el 40 por ciento dijo que el gobierno actual es malo o pésimo. Estas opiniones se sustentan en que el Ayuntamiento malgasta el dinero, no se cumplen las leyes y reglamentos, casi no se ha hecho obra pública y la gente nunca encuentra al presidente en su oficina.

Una cosa muy importante que se debe considerar aquí es que todas las personas, en todo momento, buscamos nuestro mejor interés, o sea, lo que nos conviene en un momento dado. Esto es una regla general para toda persona en lo individual, independientemente de los modos que la persona justifique o le ponga pretextos a tal o cual conducta.

Entonces, ¿cómo es posible que de un grupo de gente que siempre busca su mejor interés, se pueda integrar un grupo de personas que ya estando en el gobierno vean por el interés público y no por su interés privado?

Esto no es posible con simples “buenas intensiones”, porque ya sabemos que toda conducta es justificable, porque a todo le ponemos pretextos. Por ejemplo, el presidente Felipe ha dicho muchas veces que no se ha hecho mucho porque no alcanza el dinero. Sabemos que son puros pretextos porque en el año 2016 su presupuesto fue de 210 millones de pesos. ¿No hay dinero? Dinero sí hay, pero ¿no será que el dinero se gasta preferentemente en intereses privados como pagos de nómina a gente que realmente no trabaja?

Las “buenas intensiones” no alcanzan para hacer un buen gobierno. Lo que se necesita es cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos. Esto fue lo que juró Felipe al momento de tomar su cargo, pero no lo ha hecho y por eso su gobierno es, con razón, un mal gobierno.

Las leyes y los reglamentos son el resultado de problemas que se han presentado en el pasado y la manera cómo la sociedad a través de sus representantes ha decidido solucionarlos. Entonces, las leyes implican la experiencia social pero también tienen un propósito, porque de lo que se trata es que en el futuro esos problemas, si se vuelven a presentar, haya manera de que las autoridades puedan sancionar las conductas ilegales.

El hecho de que el Presidente, los regidores y los directores estén obligados por ley a jurar que van a cumplir y hacer cumplir la ley como requisito para poder asumir sus cargos, no es una mera formalidad vacía de consecuencias.

Precisamente, “CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY ES EL TRABAJO DE LA AUTORIDAD”. Si no lo hace, aunque tenga buenas intensiones, aunque sea amable con la gente, esa autoridad le está fallando al Pueblo y debe rectificar o pedir licencia a su cargo por falta de voluntad o de capacidad.

Por eso la Constitución Federal y la del Estado de Jalisco dicen que todo acto de gobierno debe ser fundado y motivado; o sea, un acto de autoridad no debe ser una ocurrencia sino que debe ajustarse a una ley vigente (fundado), y también ese acto de autoridad debe tener el propósito de servir al interés público (motivado).

Si un acto de autoridad no esta fundamentado en una ley, se puede decir que el funcionario es incompetente. Pero si un acto de autoridad no está motivado por el interés público y, por el contrario, su motivación es privada (negocio), ese acto bien puede ser una traición al Pueblo.

Y digo traición precisamente por que estarían faltando a ese juramento que hicieron al recibir el cargo, y porque para eso les paga el Pueblo.

Si un funcionario que recibe el sueldo del Pueblo omite el interés público y actúa para proteger sus intereses o los de su partido político, ese funcionario está haciendo mal uso de su autoridad y de los recursos públicos que disponga.

Concluyendo, un buen gobierno es aquél en el que sus funcionarios (presidente, regidores, directores, policías, etc.) cumplen y hacen cumplir la ley. No hay que darle muchas vueltas a esto.

Vamos Tequila… ¡¡¡Exige más!!!

Si desea hacer comentarios con respecto a este u otros temas, favor de enviar un correo a: apg2013gdl@yahoo.com o en mi muro de Facebook. Gracias

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